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Nuestra HISTORIA

Desde 1932 haciendo historia en la formación de una cultura sindical y apoyando a los trabajadores.

LINEA DE TIEMPO

Nuestra Historia desde 1932. Un largo camino recorrido!!
  • 2 de Noviembre de 1932

    1. La formación del sindicato de empleados

    El actual Sindicato de Trabajadores Telefónicos se constituyó como Sindicato Profesional de Empleados de la Compañía de Teléfonos de Chile, el 2 de Noviembre de 1932. Como miembros de la primera directiva fueron elegidos Samuel Ossa, Presidente; Samuel Mardones, Secretario; Mariano Squella, Tesorero; José Ortiz y Fernando Pacheco, Directores. Los primeros socios fueron especialmente funcionarios administrativos, pertenecientes a departamentos como los de Contabilidad, Ingeniería y Tráfico.
    Poco antes había surgido el Sindicato Industrial de Valparaíso, primero y enseguida el Sindicato Industrial de Santiago.
    La formación del Sindicato de Empleados ocurrió al mismo tiempo que en 1932, el nuevo gobierno de Arturo Alessandri empezó a tolerar la constitución legal de sindicatos y a poner en práctica el Código del Trabajo, aunque mantuvo la prohibición de las huelgas.
    La empresa se había constituido legalmente como Compañía de Teléfonos de Chile en 1930, luego que la transnacional norteamericana ITT comprara la compañía inglesa “The Chili Telephone Co. Ltda.” dueña de 26 mil teléfonos instalados en Chile, es decir, la principal red telefónica del país. La CTC obtuvo un Contrato o Concesión de excepción de parte del Gobierno de la época, aunque aquel fue bastante discutido en el parlamento.
    El Contrato Telefónico establecido por la ley en 1930, durante el Gobierno militar de Ibáñez, estableció la llamada “Cláusula Oro”. Por ésta cláusula, tanto los bienes de la Compañía como sus utilidades no se contabilizan en moneda chilena, ni en dólares, sino en oro de ley y peso del año 1931. Además, se le garantizan utilidades de hasta un 10% anual sobre el capital invertido y el dos por ciento de reserva, todo calculado en oro. Si la compañía tiene $ 100 oro de capital, podía obtener cada año $ 10 pesos oro de utilidad. Ni siquiera le afectaba la inflación de Chile o la de Estados Unidos, pues si la inflación en Chile alcanzaba un año a un 20%, la compañía pasaría a tener de inmediato $120 pesos oro de utilidad. Esto, sin tomar en cuenta que en la realidad, de acuerdo al convenio, se permitió que por concepto de amortización, sobreprecios de equipos y asistencia técnica pagada a la ITT de New York, fueron traspasados gruesas sumas a la transnacional.
    En sus primeros 10 años, desde 1932 hasta 1942, el sindicato de empleados era muy débil. La empresa trataba de relacionarse con los empleados a través del Delegado de Personal en lugar de escuchar las peticiones del Sindicato. Además el número de socios era muy reducido; el fuerte estaba en el sindicato de obreros. Por otra parte, durante el período del Gobierno del Frente Popular y especialmente durante la 2ª Guerra Mundial, predominaba la idea de que los sindicatos debían evitar reivindicaciones de aumento general para sus asociados.
    Pero en 1945, los sindicatos presentaron un Memorial o Pliego de peticiones a la Compañía, conjuntamente con petitorios de trabajadores de otras empresas de utilidad pública. En esta oportunidad, los sindicatos denunciaron públicamente que la compañía había elevado fuertemente sus tarifas, obteniendo grandes utilidades mientras se negaba a compensar el alza del costo de la vida para los trabajadores. Además denunciaron que los sueldos de compañías telefónicas en Estados Unidos eran dos veces superiores a los que pagaba la ITT a sus trabajadores chilenos.
    En los años 40, por otro lado, aumentó fuertemente el número de asociados al sindicato de empleados.
    Este aumento de los socios se debió en primer lugar a disposiciones legales dictadas desde fines de la época del 30, que promovieron a un número importante de obreros a la calidad de empleados. Entró un contingente de trabajadores del área productiva de la empresa: personal técnico de planta, empalmadores de cables, trabajadores de instalaciones, de Mantención, de sala de fuerza, de talleres, de garage, de instalaciones. El sindicato profesional realizo también campañas para lograr la afiliación de nuevos socios.
    El cambio en el sindicato no consistió sólo en un número de la cantidad de afiliados, sino también se modifico la composición de los socios del sindicato. En los años treinta pre-dominaban los funcionarios administrativos, mientras que ha medida que fueron avanzando los años 40, empozo a haber un creciente numero de trabajadores pertenecientes al sector pro-ductivo de la empresa. Estos trabajadores llevaron consigo al sindicato de empleados la experiencia de mayor combatividad que habían tenido como obreros. Su presencia ayudó a comprender a otros sectores de trabajadores, como las operadoras, que su situación laboral era injusta y que debían organizarse, empezaron a plantearse los problemas de las operadoras, quienes trabajaban largas jornadas, muchas veces en oficinas chicas y sin mayor ventilación, teniendo que cumplir no solo su función profesional sino también la de aseadora.
    Un factor que dio mas fuerzas a los sindicatos fue la formación de la Federación Nacional de Trabajadores de las Industrias de electricidad. Teléfonos y Gas, la cual intentó centralizar las reivindicaciones de los gremios del sector de utilidad pública. Luego, en 1948 se formó la Confederación de Empleados Particulares de Chile (CEPCH), en la cual también participó el sindicato de empleados telefónicos.
    Sin embargo, todo esto aún no se había traducido en una mejoría real de la situación económica y laboral de los trabajadores telefónicos, cuando en 1948, el Presidente Gabriel González Videla formó un nuevo gabinete llamado “de concentración nacional” y promulgó la ley de Defensa Permanente de la Democracia, de acuerdo a la cual dos de los cinco dirigentes del sindicato, Villouta y Pinto, fueron relegados al sur. Su relegación se debió en buena medida a la influencia de la compañía en esferas del gobierno. Esto afectó duramente al sindicato cuya directiva centró su actividad en conseguir que los relegados volvieran, para lo cual conversaron con Ministros, Diputados, Senadores y el propio González Videla. Finalmente consiguieron que volvieran, pero la empresa no aceptó reincorporarlos al trabajo.
    A pesar de ese problema represivo y de las limitaciones generales que impedían negociar colectivamente a los sindicatos de empleados, esto se fue quebrando poco a poco y a partir de 1948 el sindicato ya negociaba todos los años la negociación colectiva ocurría al margen de la ley, exclusivamente como resultado de la presión que el sindicato podía ejercer.
    Hacia 1950, el sindicato de empleados representaba entre el 40 y el 50 por ciento de los trabajadores telefónicos del país. En Santiago y sus alrededores habían sólo dos sindicatos, el Industrial y el Profesional, agrupando este último al 60 por ciento del total de quienes trabajan en el área metropolitana.
    Ya existía una estructura interna del sindicato, en base a delegados por secciones, que permitía una participación representativa de los trabajadores que laboraban en los diferentes departamentos.

  • 23 de Enero de 1950

    2. Las huelgas Generales

    En 1950, la Comisión Legislativa del Senado rechazó el establecimiento de gratificaciones garantizadas para los trabajadores de las empresas de utilidad pública. Ante esto, los trabajadores telefónicos y los de Chilectra iniciaron el 23 de Enero de 1950 una huelga que duraría 13 días, a pesar de que los dirigentes creían que se iba a llegar a un acuerdo mucho antes.
    El servicio telefónico no fue cortado, pero se resintió todo el sistema de comunicaciones, especialmente el de larga distancia. La huelga conmovió al país, especialmente a raíz de algunos sucesos como los de Talca, donde por órdenes del Intendente fueron detenidas 50 operadoras telefónicas. El gobierno entabló procesos también en contra de los dirigentes sindicales. Pero sobre todo, se trataba de la primera reacción, organizada de los trabajadores después de varios años, frente a la política atentatoria contra los derechos laborales y las organizaciones sindicales, para lo cual el gobierno había estado haciendo uso de la ley de Defensa de la Democracia.
    Se fueron plegando al paro, en forma rotativa, otros sectores de los trabajadores, lo que le dio al movimiento huelguístico el carácter de un verdadero paro nacional. El sindicato telefónico pasó a representar las aspiraciones de otros trabajadores, como los de Cemento Polpaico, mineros y servicios de utilidad pública. Las gestiones de los dirigentes telefónicos ante las autoridades empezaron a buscar solución para toda la gama de problemas que afectaban a los distintos sectores de trabajadores y no sólo a los telefónicos.
    Los trabajadores aprovecharon el espacio que en esta coyuntura les daba el hecho de que la lucha no era aparentemente y en forma directa ni contra el gobierno ni contra una empresa, sino frente a una comisión del Senado. Pero la reacción de las organizaciones sindicales buscaba hacer frente tanto al gabinete de “concentración nacional” y a la Ley de Defensa de la Democracia, como a los anuncios de una congelación de sueldos y salarios.
    La conmoción nacional provocada por el movimiento huelguístico determinó la caída del gabinete “de concentración nacional” de extrema derecha y su reemplazo por un gabinete de centro-derecha.
    Después de los trece días de huelga, los trabajadores obtuvieron la gratificación garantizada que habían solicitado. El monto de la gratificación fue incluso mayor que lo pedido.
    A nivel del movimiento sindical nacional, el éxito de la huelga destacó la importancia que habían venido adquiriendo los empleados. Mediante diversas luchas fueron promovidos durante la década del 40 un gran número de obreros a la categoría de empleados, no sólo en la compañía de teléfonos, sino en todos los sectores de la actividad económica y laboral del país. Después de la huelga del 50 se abrió paso rápidamente la presencia nacional de sectores de empleados en el sindicalismo y se produjo un desplazamiento en la conducción sindical de los antiguos sectores de obreros, muchos de los cuales habían estado vinculados a la CTCH, la cual ya tenía muy poco peso.
    El movimiento de empleados que así surgió, y que llevaba la tradición de lucha y la realidad social de los obreros, produjo un impulso renovador en movimiento sindical del país.
    El movimiento sindical, que antes se encontraba arrinconado, empezó a estructurarse especialmente cuando en torno a algunas organizaciones de empleados en los cuales participaba el Sindicato Profesional Telefónico, como la CEPCH. En 1952 se logró imponer la promulgación de la primera ley de jubilación de los empleados particulares. El sindicato participó en la actividad sindical de esos años.
    El sindicato de empleados fue el pilar básico de la constitución de la Federación Telefónica, dicha federación se constituyó como Federación de Empleados Particulares de la Compañía, a pesar de que en los hechos formaban parte de ella también los sindicatos de obreros. Esta modalidad legal permitía hacer frente a las restricciones establecidas por la legislación que impedían una federación mixta y a las trabas que pudiera poner el gobierno. El objetivo de la federación era el de agrupar y representar a todos los sindicatos telefónicos, además de ser un instrumento que permitiera a los trabajadores de la empresa a participar en mejor forma en el seno del movimiento sindical nacional que se estaba empezando a reorganizar.
    En 1952 asumió el general Ibáñez en su segundo periodo presidencial, con una política populista que los primeros meses se mostraba favorable a los sindicatos, a través de un Ministerio del Trabajo que estaba de un sector del Partido Socialista. Así, el proceso unitario que venía desarrollándose en el movimiento sindical, y en el que tenían especial participación sectores de empleados, encontró una coyuntura favorable para constituir en febrero de 1953 la Central Única de Trabajadores. El primer presidente de la CUT fue el dirigente de los empleados fiscales, Clotario Blest, y junto con él en el congreso constituyente fue elegido como dirigente nacional de la Central, el dirigente telefónico Otilio Olivares.
    Al interior de la compañía, desde el paro de 1950 venía habiendo un mayor respeto y hasta temor, de parte de las gerencias y jefaturas, hacia los sindicatos. Mientras que antes desprestigiaban y atacaban a las organizaciones sindicales, desde entonces empezaron a buscar formas de avenimiento. El sindicato adquirió también presencia ante las propias autoridades del gobierno.
    La carrera funcionaria, mediante el establecimiento de un escalafón, que los trabajadores habían estado reclamando durante mucho tiempo, se logró estructurar en 1950, poco después de la huelga. Aunque la mayor parte de las determinaciones quedaron todavía en manos de la empresa, se estableció un esqueleto básico de escalafón que permitía exigirla a aquella que se ajustara a ciertas pautas respecto de cada trabajador, que éste tuviera por lo menos alguna oportunidad de ascender durante su permanencia en la compañía y que los trabajadores en general pudieran ser defendidos en sus puestos de trabajo por parte de la organización sindical.
    El sindicato permanecía unido en base a una participación bastante activa de sus asociados. Los planteamientos de los dirigentes ante la empresa son estudiados previamente por los delegados de sección organizados en comisiones de trabajo. De sus reuniones surgían también el pliego de peticiones cada año, el cual sin mayores complicaciones, en unas dos páginas a máquina contenía las principales aspiraciones de los trabajadores.
    La integración de la CUT se mantuvo aunque con algunas reticencias, lo que no quitó que los telefónicos participaran por ejemplo en el paro nacional del 7 de Julio de 1955 ante la crítica situación económica y social durante el gobierno de Ibáñez, y que fue uno de los paros más masivos en la historia del sindicalismo chileno.
    Como venía ocurriendo desde los primeros años de existencia del sindicalismo, éste mantenía una posición de defensa de los intereses nacionales frente a la ITT y una actitud de denuncia acerca de ventajas obtenidas por la compañía. Estas alzas de tarifas para los usuarios eran generalmente mayores que los porcentajes de reajuste que la empresa aceptaba otorgar a los sueldos de los trabajadores.
    En 1958, el gobierno firmó un acuerdo con la compañía según el cual se comprometía a aumentar el número de teléfonos, mientras que las autoridades aceptaban duplicar las tarifas telefónicas. Una comisión investigadora especial de la Cámara de Diputados llegó a la conclusión de que la ampliación en ningún caso iba a significar un nuevo aporte de capital de parte de la ITT y que era conveniente para el país llegar a una derogación de la “cláusula de oro” del Contrato de 1930. De todos modos, en los años siguientes la compañía argumentó que no podían alzar sueldos y salarios porque ello dañaba el plan de ampliaciones de la empresa.
    El punto central del pliego de peticiones de 1958 fue el escalafón, de manera que éste empezara a cumplir una función real y no solamente de apariencia. El sindicato de empleados pidió también un mayor descanso para sus operadoras, tal como venía solicitándolo desde tiempo atrás, consiguiendo poco a poco una jornada de trabajo más compatible con las características de la labor de las operadoras. Otra petición consistió en una indemnización por despidos y jubilación, con el fin de palear, en este último caso, la larga tramitación de ese beneficio durante la cual el empleado permanecería sin recibir ninguna remuneración.
    Al año siguiente, en 1959, el sindicato consiguió la constitución de una comisión paritaria para solucionar los asuntos que presentaron los trabajadores. Se logró un aumento del descenso de las operadoras de 15 a 20 minutos. Y se acordó un sistema para que la compañía fijara anualmente los viáticos.
    En 1960, a raíz del rechazo de la compañía a conceder un reajuste los trabajadores telefónicos (junto a los de Chilectra), iniciaron una huelga que alcanzó a durar 16 días pero que a diferencia de la de 1950, terminó en una derrota.
    Las causas del fracaso se debieron por una parte, a que el gobierno de Alessandri aplicó una dura política frente al conflicto y ordenó la detención de los principales dirigentes, Federico Mujica y Otilio Olivares, (la huelga de empleados telefónicos eran ilegales) acusándolos de infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado. Por otro lado, el problema que afectaba a los trabajadores telefónicos no interesaba ni identificaba a todos de igual manera, por lo que fueron marginados del paro, algunos empleados de oficina, de sectores técnicos y de algunas provincias del norte.
    Antes de que la compañía y el gobierno les quebraran la mano, los sindicatos decidieron poner fin a la huelga. Desde el local donde estaba la sede de la huelga, en Catedral con Bandera, los huelguistas iniciaron un desfile en una columna que abarcaba una cuadra a todo lo ancho. Pasaron frente al diario “El Mercurio”, protestando por la información distorsionada que había publicado durante el conflicto. Llegaron a las puertas de las oficinas centrales de la compañía en San Martín 48, donde personeros de la empresa empezaron a seleccionar a quienes permitían reingresar al trabajo.
    Al darse cuenta de aquello, los trabajadores reaccionaron presionando sobre la puerta hasta que se retiraron los personeros de la compañía, abandonando sus intentos de hacer una depuración del personal.
    Al día siguiente, cuando el sentimiento de impotencia por la derrota estaba todavía fresco, se produjo el gran terremoto en el sur del país y muchos trabajadores partieron a la zona en brigadas de emergencia.

  • Década del 1960

    3. Agudización de los conflictos con la empresa, movimientos por sección y Nacionalización,

    La derrota en el paro de 1960, aunque no trajo como consecuencia la pérdida de los beneficios que se tenían en cambio si tuvo otras consecuencias negativas. El gobierno retiró las querellas contra los dirigentes, pero éstos quedaron fuera de la empresa, después de haber estado encabezando el sindicato durante 12 años. El sentimiento de impotencia, la desmoralización y el temor generaron una apatía entre los trabajadores telefónicos, que los llevó a alejarse de su organización durante varios años, a no asistir a las asambleas y a no preocuparse por elegir dirigentes de real capacidad. Lo ocurrido llevó también al aislamiento del sindicato con respecto al resto del movimiento sindical del país.
    En 1963, la compañía dilató durante más de 10 meses la atención al pliego de peticiones de los empleados y obreros de la empresa. Los trabajadores realizaron asambleas con la asistencia de parlamentarios, manifestaciones públicas y mítines frente al edificio de la compañía, y paros espontáneos en las plantas de Carrascal, Arturo Prat, Principal 1ª y Pedro de Valdivia. Esto llevó a que se realizara una sesión en la Cámara de Diputados, en la cual alegaron a favor de los trabajadores, parlamentarios de casi todos los partidos políticos, desde liberales hasta de izquierda. Un gran número de telefónicos asistió a dicha sesión, en la cual se señaló que la Compañía de Teléfonos, además de que prestaba un pésimo servicio a sus usuarios, realizaba sus ampliaciones con las utilidades que obtenía dentro del país merced a las fuertes alzas de tarifas. El problema del pliego se solucionó y en los años siguientes se hizo muy frecuente la relación dirigentes con parlamentarios y la asistencia de representantes de distintos partidos a las asambleas sindicales a pesar de la solución obtenida, los sindicatos debieron lamentar el despido de 45 obreros y 23 empleados sin poder hacer otra cosa que ayudarlos económicamente, pues que se había hecho temida la palabra “huelga”.
    En 1965, el nuevo gobierno de Frei anunció “Chilenización” de la Compañía de Teléfonos, mediante un convenio de la empresa con el Estado que fue definitivamente firmado en 1967. El país pasaría a controlar el 49 por ciento de las acciones, mediante la adquisición del 39 por ciento de aquellas por parte de la CORFO, formándose así una empresa mixta. La CORFO pagaría 25 millones de dólares por las acciones y la compañía llevaría a cabo un programa de ampliaciones a un costo de 14 millones de dólares, tendiente a instalar 144 mil nuevas líneas. La “chilenización” fue un primer paso hacia la nacionalización, aunque se criticó que el estado obtuviera un control minoritario de la compañía, que se aportarán recursos de los contribuyentes para las ampliaciones de la compañía, que se mantuviera la vigencia de la “cláusula de oro” y la falta de participación de los trabajadores en este proceso.
    Hacia 1967, los trabajadores afiliados al Sindicato Profesional empezaron a expresar su inquietud ante el sentimiento generalizado de que sus conquistas económicas y sociales se estaban quedando atrás.
    A esto se añadió que el año anterior ingresaron alrededor de 400 nuevos socios al sindicato, proveniente del sindicato de obreros, promovidos por una ley que otorgó la calidad de empleados a los trabajadores eléctricos, incluyendo a los montadores y reparadores de instalaciones y líneas telefónicas; estos trabajadores eran activos sindicalmente, disciplinados, concurrían a las asambleas e inyectaron una mayor combatividad al Sindicato Profesional. La inquietud de los trabajadores se manifestó en parte a través de la exigencia a los dirigentes para que presionaran más fuertemente a la empresa, tanto a nivel de Sindicato Profesional, como también de la Federación, cuyos directivos mantenían el canal con el gobierno.
    Así para la bonificación compensatoria de 1967, el pliego de 1968 y el pliego de 1969, se efectuaron varios paros generales. Estos paros fueron de duración limitado y de brazos caídos, pues el sindicato entendía que la huelga estaba legalmente impedida a los telefónicos y que por ese motivo no podría tener éxito. Con la huelga de brazos caídos la empresa estaba obligada a pagar igual los sueldos y tampoco podía despedir al personal por cuanto la ley sólo permitía hacer esto en caso de inasistencia al trabajo por huelga ilegal, pero no lo permitía por trabajo lento o no realización de labores estando en el puesto de trabajo.
    El primer paro se realizó frente a la negativa de la compañía a conceder un bono compensatorio del alza del costo de la vida, lo cual llevó a un primer paro de brazos caídos de dos horas de duración del 16 de Noviembre de 1967, el que se repitió de la misma manera el 15 de Diciembre.
    Luego, ante la tramitación durante dos meses del pliego de peticiones presentados por los empleados, estos efectuaron un paro de similares características el 27 de marzo.
    Como todas las empresas de utilidad pública ofrecieron a sus trabajadores reajustes de 21,9 por ciento, los telefónicos junto a otros sindicatos como al de Chilectra, concurrieron a formar un Comando de Servicio de Utilidad Pública. El gobierno amenazó con la aplicación de la conscripción militar a los trabajadores y a la intervención del Regimiento de Telecomunicaciones, pero recibió a la directiva del comando y le ofreció un porcentaje de reajuste que sobrepasó la barrera antes fijada, a pesar de las alzas de tarifas en que esto tendría que derivar. La solución definitiva sólo se logró a mediados de mayo, luego una serie de paros prorrogables a partir del 2 de mayo, y después de la mediación de la CUT y la CEPCH por un lado, y por el otro, la Federación Telefónica.
    A la semana de presentar el pliego del año siguiente, durante las cuales la empresa mantuvo su intransigencia los trabajadores realizaron un nuevo paro, esta vez de 4 horas, el 16 de febrero de 1969. Los trabajadores eran víctimas de una situación en la cual se encontraban al medio, por una parte, la empresa, que estaba dispuesta a un mejoramiento superior al 27,9 por ciento si el gobierno les daba tarifas, y por otro lado, (las autoridades no se oponían al mejoramiento siempre que la compañía lo cargara a sus utilidades). Desde el 10 de marzo los trabajadores efectuaron paros prorrogables escándalos de 24 horas, hasta conseguir un reajuste del 31 por ciento.
    La mayor inquietud que reinaba entre los trabajadores telefónicos se veía en parte neutralizada por dos problemas. En primer lugar, el estrechamiento de relaciones entre el gobierno y la empresa a raíz de la “Chilenización” de la Compañía de Teléfonos, llegó a que cualquier petición de los trabajadores provocara una intervención mucho más directa que ante por parte del gobierno. Los dirigentes sindicales se vieron obligados a un constante peregrinaje por oficinas fiscales tratando de conseguir solución a los petitorios anuales. En segundo lugar, algunos compromisos políticos – partidarios dividieron a los dirigentes, haciéndose sentir esto en sectores de trabajadores de base. Siguieron contradicciones entre el Sindicato Profesional y la Federación, que alcanzaron su máximo nivel con la desafiliación del sindicato de empleados respecto de dicha organización, la expulsión del presidente de aquella, de la filia del sindicato (se le aplicaba por segunda vez esta sanción) y el intercambio de acusaciones mutuas a través de declaraciones insertadas pagadas en los diarios.
    A parejas con aquellos problemas internos y con los paros de brazos caídos en respaldo de los petitorios, venían surgiendo una serie de movimientos en las diferentes secciones y departamentos de la compañía. En estos movimientos parciales desempeñaron un papel muy importante los delegados de sección, a quienes la empresa reconocido formalmente en el Acta de Convenio de 1965. El convenio del año siguiente se estableció que el delegado podría hacer reclamos y peticiones al jefe de sección “quien lo recibirá y atenderá para este objeto sin que tal intervención signifique forma alguna de conflicto”. Los delegados también realizaban un congreso a fines de cada año, con el objeto de elaborar el pliego de peticiones que sería presentado a principio del año siguiente.
    Muchos de los problemas de las secciones se empezaron a plantear a través del Comité Paritorio empresa – trabajadores que se estableció en 1966 para canalizar los problemas concretos. Pero después de que una comisión empresa – gobierno – federación elabora un Reglamento de Escalafón a fines de 1967, los trabajadores en las diversas secciones cifraron sus esperanzas de mejores rentas en un reordenamiento en el escalafón. Posiblemente, la compañía creyó que la canalización de las peticiones a través del Comité Paritorio y de los grados a través del Reglamento de Escalafón, así de los topes de fondos que se podían establecer en cada negociación colectiva, iban a ser suficientes para mantener bajo control a los trabajadores. Pero en realidad ocurrió lo contrario, un desbordamiento de las restricciones fijadas por la empresa y que se fue desarrollando sección por sección. Los movimientos en las secciones fueron gestionándose cada vez más aceleradamente, generándose una gran actividad sindical.
    En enero de 1967 se produjo un conflicto de las operadoras por sus malas condiciones de trabajo.
    Luego, en agosto del mismo año los empleados de las plantas automáticas efectuaron un paro de dos horas solicitando bonificaciones por horas extraordinarias y por un mejoramiento general de sueldos. Este tipo de movimientos continuó en los años siguientes, centrándose en adelante en un mejoramiento en el escalafón, pues la compañía mantenía a gran parte del personal clasificado en grados muchos más bajos que los que correspondían. En octubre de 1969 las paralizaciones en plantas automáticas duraron 3 días y el problema fue planteado junto a la directiva sindical ante el Ministro del Interior.
    Los dirigentes, en el Departamento de Ingeniería, realizaron paros el 16 y 17 de Julio de 1967, también ante la negativa de la empresa a dar solución a los problemas derivados del escalafón. Luego, en abril de 1970, la empresa despidió a varios trabajadores de la sección, ante la protesta de aquellos por la forma en que se les ordenaron comisiones fuera de Santiago, lo que se determinó un nuevo paro, que sólo solucionó con la intervención de la Inspección del Trabajo, que reintegró a los despedidos y suspendió las comisiones.
    En la Sección Reclamos se realizó un paro de brazos caídos el 14 de octubre de 1968, en protesta por una lista de mejoramiento dado a conocer por la empresa y que los trabajadores no aceptaron. Los dirigentes del sindicato, como ocurrió casi en todos los movimientos en las secciones acudieron a estudiar el problema con los trabajadores y se formó una comisión que se reunió con la empresa en busca de una solución.
    Conflictos similares ocurrieron en otras secciones, solicitando un arreglo en el escalafón que produjera una nivelación de las rentas. Con este objetivo, Cables hizo huelga de brazos caídos el 1º y el 21 de julio de 1970, Talleres el 21 de julio y en otras secciones como IBM ocurrió algo semejante.
    Hacia mediados de 1970, esta aspiración de terminar en el estancamiento del escalafón que se venía arrastrando desde hacia bastante tiempo, se empezó a extender y convertirse en un movimiento que abarcaba una sección tras otra, durante meses; posteriormente, otros sindicatos telefónicos siguieron la misma línea. En agosto de 1970 la gerencia se negó a recibir a las comisiones de trabajadores de Talleres y Plantas Automáticas, lo que determinó la toma de la Planta de Carrascal el día 18 de ese mes, luego de lo cual el movimiento empezó a ser cada vez más generalizado en distintas secciones IBM, Talleres, Instalaciones, Garage, Líneas, Cables, Dibujo, Larga Distancia, Programación y Planificación, Ingresos.
    A fines de octubre, la mitad de las secciones estaban arregladas. En esos mismos días, sin que se supiera, la ITT entregaba una gruesa suma de dinero para impedir que asumiera el gobierno el Presidente recién electo.
    Según investigaciones del Congreso de EE.UU., que ocuparon grandes espacios en la prensa norteamericana desde 1972 hasta 1978.
    En enero de 1971 se reunió el Consultivo de Delegados elaboró, como todos los años, el próximo pliego de peticiones, una de cuyas aspiraciones principales consistía en lograr una nivelación más igualitaria y justa. En esta ocasión se trataron también otros puntos, el reingreso de la CUT, que había apoyado la actividad de avanzar hacia la formación de un sindicato único lo que en realidad fue haciéndose cada vez menos posible en los meses siguientes, con la formación de los sindicatos de Operadoras, Probadores y Operadores, Empleados Administrativos, de Ingenieros y Egresados de Ingeniería, de la Dirección Técnica, de Técnicos, de Supervisores y Profesionales, y de diferentes provincias del país. Finalmente, se acordó respaldar la nacionalización, mantener informado a los trabajadores respecto de aquella y participar en las negociaciones.
    Representantes del sindicato participaron en la comisión negociadora del gobierno con la ITT, hasta que en junio de 1971 fue intervenida la compañía y posteriormente nacionalizada.
    Desde 1970, la actividad en el sindicato era muy intensa. El salón de actos se llenaba para las asambleas y había trabajadores que quedaban fuera. La sección se preocupaba de designar a sus delegados y se trabajaba intensamente en comisiones sindicales.
    Describir los sucesos que siguieron a la intervención requerirá de un aporte de todos quienes vivieron de un modo u otro estos últimos 10 años en la vida del trabajador telefónico, haciendo así un esfuerzo por rescatar la historia a partir de una verdadera memoria colectiva.

... y seguimos haciendo Historia....